Ya no serán protegidos por el Estado, sino sólo en el ámbito local
La medida fue promovida por dos senadores, el republicano de Idaho, Mike Simpson, y el demócrata de Montana, Jon Tester, que pujaban por legalizar la caza del lobo en sus respectivos estados, apremiados por los criadores de ganado y los cazadores de alces.
Se calcula que existen unos 1.300 lobos grises en Idaho y Montana. El próximo otoño las autoridades locales tienen previsto permitir la caza de los animales que les fue prohibida el año pasado porque un juez dictaminó que los predadores seguían estando en peligro de extinción. "Necesitamos gestionar la población de lobos a nivel local para controlar el equilibrio con otras especies", justificó el responsable de los parques naturales de Montana, Ron Aasheim. En Wyoming, otro de los estados que comparten las Rocosas, los lobos siguen siendo una especie protegida.
"Ahora, cada vez que alguien tenga un problema con una especie en peligro, sólo tendrá que acudir al Congreso y tratar de conseguir los mismos favores que la gente en contra de los lobos", asegura Michael Leahy, director en Montana del grupo Defensores de la Vida Salvaje.
Un juez dictaminó que los predadores seguían estando en peligro de extinción
El acuerdo del presupuesto también eliminó una partida destinada a ampliar las zonas salvajes protegidas en ese Estado, un proyecto del secretario de Interior, Ken Salazar.
Los republicanos siempre han tenido animadversión a la ley que protege a las especies en peligro (la llamada Endangered Species Act), que paradójicamente promulgó uno de los suyos, el presidente Richard Nixon en 1973, por considerar que perjudica los intereses económicos de los estados concernidos.
Desde su llegada al poder, el equipo de Obama ha incluido 59 animales en la lista de especies a proteger. Los ecologistas temen que la medida contra los lobos marque una nueva etapa. "Es el mayor ataque contra las especies en peligro de extinción de estos últimos 30 años", asegura Kieran Suckling, del Centro para la Diversidad Biológica, en Tucson (Arizona). "Están intentando apartar a ciudadanos y científicos" del proceso, añade.
"El presidente podía haber usado su capital político para influir, pero no lo hizo", dice Patrick Parenteau, profesor de Ley Medioambiental en la facultad de Derecho de Vermont. "El mensaje que manda a los ecologistas es que no cuenten con el Gobierno", remacha.